La Junta Central de Contadores, JCC, recordó que, para la solicitud de inscripción y expedición de tarjeta profesional de Contador Público, la constancia de experiencia técnico contable debe contener la firma del representante legal y revisor fiscal o contador público de la entidad que certifica la experiencia, entre otros casos, según lo indicado en el artículo 30 de la Resolución D-0035 de 2024 concordante con la Circular 000-001 de 2017.

Es importante mencionar que una firma escaneada o sobrepuesta, NO es igual a la firma electrónica o digital, en razón a que estas últimas son obtenidas por métodos tales como códigos, contraseñas, datos biométricos, claves criptográficas privadas o a través de un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos, cuyos efectos jurídicos se encuentran contemplados en la Ley 527 de 1999 concordante con el artículo 2.2.2.47.1. del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015.

En consecuencia, la firma escaneada es fácilmente SUPLANTABLE, puesto que podrá ser copiada y pegada virtualmente sobre cualquier documento, imposibilitando identificar la persona que emite el documento, además que se desconoce un mecanismo de autenticación que proporcione veracidad del documento.

En el caso que la constancia de experiencia técnico contable contenga firmas escaneadas o sobrepuestas, le sugerimos aportar adicionalmente los soportes correspondientes que garanticen la autenticidad y veracidad de las mismas.

El Ministerio de Minas y Energía ha publicado aclaraciones a la Resolución 40150 de 2024 RETILAP (Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público). Se recomienda a todos los usuarios aduaneros y funcionarios DIAN revisarlas detenidamente en aras de tenerlas en cuenta para el control y la vigilancia del RETILAP en las importaciones de productos comprendidos en el mismo y así ajustar sus procesos operativos.

A continuación, se enumeran las aclaraciones que se dieron a las entidades de vigilancia y control como la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Como parte de la interpretación del numeral 1) Para productos del artículo 3. Disposiciones Transitorias de la Resolución 40150 de 2024, los productos que bajo la Resolución 180540 de 2010 (sus adiciones y modificaciones) se encontraban excluidos del RETILAP y que, a partir de la emisión de la Resolución 40150 del 3 de mayo de 2024, ahora ingresan al campo de aplicación del reglamento, se consideran incluidos por primera vez en el reglamento. Por lo tanto, para estos productos empieza a regir el cumplimiento del RETILAP seis (6) meses después de la entrada en vigencia de la Resolución 40150 de 2024.

Los paneles, celdas, células y módulos fotovoltaicos, así como productos con nombres diferentes pero que cumplen la misma función, están fuera del alcance del RETILAP y, por lo tanto, no requieren demostrar conformidad con este reglamento. Sin embargo, las luminarias con paneles solares incorporados sí están incluidas en el ámbito de aplicación del RETILAP y deben cumplir con sus requisitos.

Como parte de la interpretación del alcance del RETILAP, específicamente relacionado con el Parágrafo 3. Exclusiones del artículo 2.1.1. del Libro 2 de la Resolución 40150 de 2024, se aclara que las fuentes luminosas y luminarias que utilizan baterías o pilas para su funcionamiento (como por ejemplo pilas salinas, alcalinas, recargables y no recargables, pilas de botón, entre otras), que no se conecten a la red eléctrica y que no sean luminarias alimentadas por sistemas fotovoltaicos, están excluidas del cumplimiento del RETILAP, por considerarse que están fuera del alcance del reglamento.

Los productos provistos con conectores USB para alimentación y/o control están incluidos dentro del alcance del reglamento y deben dar cumplimiento con los requisitos y ensayos aplicables al producto correspondiente listado en la Tabla 2. a. de la Resolución 40150 de 2024.

Para consulta: Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP (minenergia.gov.co)

La plenaria del Concejo de Bogotá aprobó el proyecto de acuerdo 608 de 2024, que busca garantizar la puesta en marcha del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 ‘Bogotá Camina Segura’.

Las modificaciones pedidas ante el cabildo distrital ascienden a $217 mil millones, mientras que la adición presupuestal solicitada es de $473 mil millones, cifras que componen los $690 mil millones comprendidos en la iniciativa presentada por la administración Distrital.

De esta forma, el presupuesto que se había proyectado para 2024 pasa de $33,2 billones a $33,7 billones, siendo destinados $27 billones para inversión, $4,7 billones para funcionamiento y $2 billones para servicio de la deuda.

A nivel de sectores Movilidad, Educación, Salud e Integración Social tendrán el 64% del presupuesto para desarrollar programas e iniciativas que impacten de manera positiva en la ciudadanía.

¿En qué se destinarán los recursos indicados en el proyecto de Acuerdo 608 de 2024?

Fortalecimiento de servicios de salud y aseguramiento.
Comedores comunitarios, transferencias monetarias y atención de habitantes de calle.
2.400 subsidios de vivienda.
Nuevas obras de infraestructura, adquisición de predios, conservación y rehabilitación de la malla vial urbana y rural.
Consolidación proyecto Bronx Distrito Creativo, Festivales Culturales y estudios para la plazoleta de eventos Parque Simón Bolívar.
A nivel de seguridad en la adquisición de kits y mejoramiento de infraestructura física y tecnológica C4.
Aportes para Región Metropolitana, CAR y Canal Capital.

Ahora el proyecto de adición y modificación del presupuesto de Bogotá pasa para firma y sanción del Alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Por medio del Decreto 1104 de 30 de agosto de 2024, el Ministerio de Comercio modifica los artículos 2.2.3.8.1.2, 2.2.3.8.2.1, 2.2.3.8.2.4, 2.2.3.8.3.1, 2.2.3.8.3.2,2.2.3.8.3.3, 2.2.3.8.3.4, 2.2.3.8.4.2 Y 2.2.3.8.4.3 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, sobre la Inversión Extranjera Directa.

Para conocer el Decreto haga clic aquí.

La Junta Central de Contadores informó que, debido a los bloqueos en las vías que se vienen presentando en diferentes zonas del país, los envíos de la Tarjeta Profesional, tanto a direcciones como a las seccionales, estarán suspendidos temporalmente.

A los titulares de la tarjeta, o autorizados que tengan la posibilidad de reclamarla personalmente, lo invitó a dirigirse a nuestras oficinas en Bogotá, donde estaremos atendiendo en nuestro horario habitual.

En los 2,25 millones de declaraciones de renta presentadas por las personas naturales, hasta la fecha, la administración tributaria ha encontrado inconsistencia en al menos 90.000 de ellas, esto como resultado del monitoreo preliminar diario que viene realizando.

Así lo anunció la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), al reportar que, una de las inconsistencias encontradas es que, con el ánimo de bajar la base gravable y por ende el impuesto de renta, se están incluyendo como dependientes a personas con identificaciones inusuales, tales como “cero" o con números secuenciales “1234..." "2222" “5678", entre otros.

Otra inconsistencia encontrada en revisiones preliminares de las declaraciones presentadas es la inclusión improcedente del beneficio de deducción del 1% sobre las compras soportadas con factura electrónica.

En ambos casos, las personas serán requeridas por la DIAN, por lo que la recomendación es realizar la corrección correspondiente lo antes posible.

Adicional a estas inconsistencias, algunos de los obligados han presentado su declaración, pero no han efectuado el pago correspondiente, lo que se ve reflejado en una cartera que supera los 168 mil millones de pesos.

Para quienes están interesados en solicitar una facilidad de pago con la entidad, vale señalar que deberán presentar la declaración con suficiente antelación al vencimiento, y así poder realizar el respectivo trámite, teniendo en cuenta los tiempos que demanda la verificación y otorgamiento de la facilidad de pago.

La recomendación de la DIAN para los contribuyentes es revisar con anticipación sus obligaciones y pagar dentro de los plazos establecidos para no incurrir en sanciones y pago de intereses moratorios.

Dentro del plan estratégico de pedagogía que viene implementando la Superintendencia de Sociedades, la entidad resaltó los beneficios de la celebración de un acuerdo de reorganización, el cual le permite a las empresas superar sus crisis económicas para que sigan operando y aportando a la articulación del tejido empresarial.

Los deudores y las empresas que optan por celebrar un acuerdo de reorganización en los términos de la Ley 1116 de 2006, gozan de un mecanismo legal en el que pueden reestructurar sus pasivos y así lograr nuevas formas de pago, en mejores condiciones.

Bajo la verificación que hace la Superintendencia de Sociedades como Juez Concursal, los empresarios obtienen protección legal que garantiza su negocio en marcha, la continuidad de su operación, y especialmente la generación y protección del empleo.

Dentro del papel de acompañamiento que hace la Entidad a los empresarios, es importante exponerles los beneficios que traen las herramientas de salvamento empresarial, con el fin que el régimen de insolvencia sea visto como la oportunidad para proteger y mejorar las unidades productivas, que promueva su función social y el desarrollo del país.

Al respecto, el Superintendente de Sociedades, Doctor Billy Escobar indicó: “Queremos resaltar que la Entidad, dentro de sus funciones, debe promover herramientas y espacios para la conservación y mejoramiento de las empresas, en atención a que gracias a ellas se articula el desarrollo de la economía colombiana. Por eso, hemos venido destacando los casos exitosos de Administrador Hotelera DANN, Carbones Colombianos del Cerrejón, Buffalo Wings, PDVSA Gas Sucursal Colombia, Inverfam, Alberto VO5, Urbanizadora David Puyana, entre otros, puesto que son ejemplo de procesos recuperatorios exitosos, en la reactivación económica del país y la promoción del empleo.”

Mediante un comunicado, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó que:

No existe norma que prohíba que las EPS utilicen la Unidad de Pago por Capitación – UPC para cubrir los servicios de salud prestados en vigencias anteriores.

Sin embargo, las EPS deben cumplir con la constitución de reservas técnicas que tiene por objeto estimar el valor de sus pasivos ocurridos conocidos y no conocidos, así como la obligación de respaldar dichas obligaciones en activos que reúnan condiciones de seguridad, liquidez y rentabilidad, en apego al régimen prudencial de inversión de las reservas técnicas.

La Unidad de Pago por Capitación – UPC, es el valor anual que el Estado fija por cada uno de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en los regímenes contributivo y subsidiado.

La ADRES, como “caja pagadora”, cumple con los principios generales de
gestión presupuestal.

Las EPS deben usar los recursos girados por la ADRES en atención única y exclusiva de los gastos derivados de los servicios de salud en el marco legal vigente.

Las EPS deben cumplir con la constitución de las reservas técnicas para cubrir los servicios de salud que se generen en cada anualidad.

En un sano ejercicio financiero, la UPC debería ser usada para el pago de los servicios prestados durante cada vigencia, y para generar la provisión de los servicios pendientes de pago.

Si se están usando recursos de vigencias actuales para el pago de obligaciones anteriores, refleja que no se efectuaron las respectivas reservas técnicas.

De acuerdo con informes de la Superintendencia Nacional de Salud, con corte a marzo de 2024, solo ocho de 24 EPS cumplían con el adecuado respaldo de las reservas técnicas.

Informes de la Contraloría General de la República advierten que, en 2020, “las EPS pagaron servicios de salud de vigencia anteriores (…) por $5.516.433.364.738 con los recursos de la UPC, quienes tienen destinación específica y no podrán ser utilizados para fines distintos a los previstos en la Constitución y la Ley”, factor que muestra una posible acumulación de cuentas por pagar que no corresponde al sano ejercicio de constitución de reservas para el cumplimiento de obligaciones de la respectiva vigencia.

Si los recursos se utilizan con fines distintos a los establecidos por la ley, corresponde a los órganos de control realizar su respectiva labor.

La Superintendencia Financiera expidió la Resolución 1688 de 2024 por medio de la cual se certifica el Interés Bancario Corriente para las modalidades de crédito de consumo y ordinario, crédito productivo de mayor monto, crédito productivo rural, crédito productivo urbano, crédito popular productivo rural y crédito popular productivo urbano.

Crédito de consumo y ordinario
De acuerdo con la información semanal reportada por los establecimientos de crédito entre las semanas con corte del 2 de agosto al 23 de agosto de 2024, se certifica en 19,23% efectivo anual el interés bancario corriente para la modalidad de crédito de consumo y ordinario, el cual tendrá vigencia entre el 1 y el 30 de septiembre de 2024.

La nueva certificación representa una disminución de 24 puntos básicos (-0,24%) frente a la vigente en agosto de 2024 (19,47%).

Crédito productivo
De acuerdo con la información semanal reportada por los establecimientos de crédito entre las semanas con corte del 2 de agosto al 23 de agosto de 2024, para las modalidades de crédito productivo se certifica el interés bancario corriente en:

Modalidad / Efectivo anual

Crédito productivo de mayor monto: 26,69%
Crédito productivo rural: 17,04%
Crédito productivo urbano: 34,63%
Crédito popular productivo rural: 49,70%
Crédito popular productivo urbano: 57,84%

Las tasas de interés bancario corriente certificadas tendrán vigencia entre el 1 y el 30 de septiembre de 2024.

Tasas no certificadas por la SFC basadas en el Interés Bancario Corriente

El interés bancario corriente es la base para el cálculo del valor máximo de los intereses remuneratorio y moratorio definidos en el Código de Comercio (artículo 884) y para determinar los efectos de la norma sobre usura definida en el Código Penal (artículo 305).

Modalidades de crédito / Interés remuneratorio y de mora / Usura
Crédito de consumo y ordinario / 28,85% / 28,85%
Crédito productivo de mayor monto / 40,04% / 40,04%
Crédito productivo rural / 25,56% / 25,56%
Crédito productivo urbano / 51,95% / 51,95%
Crédito popular productivo rural / 74,55% / 74,55%
Crédito popular productivo urbano / 86,76% / 86,76%

Para conocer la Resolución 1688, haga clic aquí.

Como parte de su Plan Estratégico 2022-2025 y considerando la existencia de una robusta regulación del riesgo de liquidez de los establecimientos de crédito, el Banco de la República redujo el requerimiento de encaje sobre los depósitos de dichas entidades con el fin de contribuir al proceso de profundización financiera de la economía.

En su última sesión ordinaria, la Junta Directiva del Banco de la República decidió reducir el requerimiento de encaje de la siguiente forma:

- Disminución de un punto porcentual del requisito de encaje sobre las exigibilidades cuyo porcentaje de encaje requerido actual sea de 8% (cuentas corrientes y cuentas de ahorro, principalmente). Es decir, el requisito de encaje para estas exigibilidades pasa de 8% a 7%.
- Disminución de un punto porcentual del requisito de encaje sobre las exigibilidades cuyo porcentaje de encaje requerido actual sea de 3,5% (CDT de menos de 18 meses). Es decir, el requisito de encaje para estas exigibilidades pasa de 3,5% a 2,5%.
- Se estima que con la disminución del encaje se reduzca la reserva bancaria en un monto de aproximadamente 6 billones de pesos.

El encaje bancario ha sido un instrumento de política relativamente simple, de aplicación general y estrechamente relacionado con la estructura básica de la actividad de intermediación financiera. Tales características le han otorgado históricamente diversos roles, que han evolucionado al ritmo del desarrollo del sistema financiero y de los cambios en la forma de diseñar y ejecutar la política económica. El requerimiento de encaje ha sido utilizado para mitigar el riesgo de liquidez de los bancos y como instrumento de política monetaria, enfocado en el control del crecimiento de los agregados monetarios amplios y el crédito. Avances en la regulación del riesgo de liquidez y cambios en la estrategia de la política monetaria han hecho que el encaje pierda relevancia en dichos roles.

La decisión tuvo en cuenta el manejo de la política monetaria con base en la estrategia de Inflación Objetivo, en la cual la tasa de interés es el principal instrumento, y la evolución e implementación de estándares regulatorios que mitigan el riesgo de liquidez de los establecimientos de crédito. Particularmente, la aplicación de los estándares internacionales del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia ha sido de gran importancia. El indicador de riesgo de liquidez (IRL) ha reducido la probabilidad de choques de liquidez de corto plazo con criterios prospectivos, y el coeficiente de fondeo estable neto (CFEN) ha inducido la obtención de un fondeo estructural adecuado por parte de los intermediarios. En este nuevo contexto, el requerimiento de encaje se definió considerando las necesidades de liquidez intradiarias de los participantes en el sistema de pagos de alto valor, de forma tal que los pagos de la economía fluyan sin interrupción. Al bajar los costos de la intermediación, la reducción del encaje requerido contribuye a la profundización financiera de la economía.

El Banco de la República seguirá realizando sus operaciones de liquidez de modo que la tasa de interés de corto plazo del mercado se mantenga en línea con la tasa de interés de política.