La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, alertó a la ciudadanía, en esta ocasión sobre falsas llamadas a nombre de funcionarios de la Entidad, ofreciendo supuestas regalías para parroquias y ancianatos, consistentes, entre otros, en vehículos, televisores y computadores, advirtiendo que estos serán entregados en el término de tres días.

La Entidad precisa que esta situación ha sido detectada en jurisdicción de la Seccional Tuluá, por lo que se advierte a la ciudadanía que dichas regalías no existen, y que en ningún caso la DIAN realiza este tipo de ofrecimientos vía telefónica.

La DIAN invita a los ciudadanos victimas de estas actuaciones fraudulentas, a denunciar ante las autoridades, la línea gratuita nacional 018000129080 y, o a través de la página web http://www.dian.gov.co/contenidos/servicios/quejas_y_soluciones.html

Finalmente la Entidad invita a los ciudadanos a consultar con ante cualquier inquietud y evitar ser víctima de fraudes y otros delitos.

Buscando atacar la informalidad del 90 por ciento que afecta al campo, la baja remuneración de los trabajadores campesinos y los índices de pobreza en esta población que están por el orden del 40 por ciento, El Gobierno colombiano y la Organización Internacional del Trabajo, OIT, suscribieron hoy aquí un memorando de entendimiento en el que se sientan las bases para, desde hoy y durante cuatro años, hacer esfuerzos conjuntos para avanzar en el empleo decente en el sector rural colombiano.

Para ello adelantarán acciones que impulsen el desarrollo sostenible, la generación de puestos de trabajo decentes para consolidar el campo colombiano como motor de crecimiento y la reparación a las víctimas del conflicto armado y a sus comunidades son acciones indispensables en un escenario de restablecimiento de los ingresos, la dignidad, la confianza y la esperanza de los trabajadores rurales.

El Memorando de Entendimiento se suscribió entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio del Trabajo, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y la Organización Internacional del Trabajo, representada por la Oficina Internacional del Trabajo.

El ministro del Trabajo, Luis Eduardo Garzón, destacó el hecho de que "El campo, que ha sido centro de confrontación, de la guerra, del olvido, la tragedia y el dolor, sea hoy visto con optimismo y con posibilidades de sacarlo adelante". Resaltó también que esta alianza esté centrada en los trabajadores, el campesino raso, el jornalero, lo que permitirá hacer frente a las ausencias las ausencias que tiene campo, donde las mujeres mantienen una forma de trabajo feudal, los jóvenes tienen que desertar por falta de oportunidades y el trabajo infantil es una práctica normal bajo el pretexto de que la sociedad familiar está anclada en la lógica del trabajo.

El jefe de la Cartera Laboral explicó que todas las centrales obreras y los empresarios a través de la Andi acompañaron y están de acuerdo con la suscripción de este memorando de entendimiento y anunció que otras instituciones estarán siendo invitadas a formar parte de esta alianza, porque "Esto es una minga por la paz en el campo", concluyó.

El objetivo principal del MdE es promover la cooperación entre la OIT y las instituciones colombianas que lo suscriben, para el diseño e implementación de una iniciativa integral compuesta de varias líneas estratégicas, entre las cuales están la inclusión en la vida productiva, el trabajo decente en el campo, el fortalecimiento de las políticas integradas dirigidas a mejorar las condiciones de los trabajadores rurales y sus organizaciones, y el unir esfuerzos, recursos y capacidades para fortalecer, desarrollar e implementar las áreas de cooperación, mediante proyectos específicos, en las regiones del país que se determine y en las áreas técnicas y temáticas inherentes a los Ministerios de Trabajo y de Agricultura y Desarrollo Rural, al SENA y al DPS, como organismos rectores de las políticas de empleo y desarrollo social rural.

Los firmantes se apoyarán mutuamente para promover el fortalecimiento del desarrollo rural, especialmente en las siguientes áreas:

1. Política pública de trabajo decente en el campo - Formalización y promoción del empleo rural, para propiciar la generación de ingresos y empleos decentes, aumento de la productividad y formalización en la economía rural, con particular atención a los grupos con enfoque diferencial: comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, palenqueras y raizales, desplazadas y víctimas del conflicto armado, entre otros.

2. Promoción y respeto de los principios y derechos fundamentales del trabajo, en especial (a) la libertad de asociación, la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; (b) la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; (c) la abolición efectiva del trabajo infantil; y (d) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

3. Formalización laboral y Protección Social, mediante el establecimiento de pisos de protección social, cuando no existan, y la extensión de la cobertura de la seguridad social, adaptada a la economía rural y a la agricultura, así como el cubrimiento de los riesgos ambientales.

4. Asociatividad y emprendimiento, mediante el apoyo a las organizaciones comunitarias y asociaciones, para la gestión y ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo rural y agropecuario con enfoque territorial que fortalezcan las habilidades de los trabajadores rurales en términos de organización, comercialización y mejoramiento de la competitividad, con énfasis en aquellos que tienen sistemas productivos de agricultura familiar.

5. Empleo juvenil rural y equidad de género, que promueva la permanencia de los jóvenes en el campo y el relevo generacional, así como el desarrollo de políticas activas de mercado de trabajo con enfoque diferencial para mujeres del campo.

6. Promoción del diálogo social tripartito, mediante el fomento de una cultura de cumplimiento y de aplicación de los derechos sociales, económicos y laborales y el fortalecimiento de la administración del trabajo.

7. Promoción de un entorno favorable para las empresas sostenibles, en el desarrollo de cadenas de valor y el fortalecimiento de servicios financieros y no financieros en el desarrollo empresarial adaptado al contexto rural, teniendo en cuenta el enfoque territorial.

8. Formación para el Trabajo. Programas de capacitación y fortalecimiento de capacidades a la población rural y la ampliación de oportunidades de acceso al mercado laboral o actividades de emprendimiento a través del Servicio Público de Empleo.

9. Propiciar el desarrollo económico y social local, mediante la promoción de una economía verde y la diversificación productiva entre actividades agrícolas y no agrícolas y el mejoramiento de la productividad en las pequeñas empresas y emprendimientos rurales.

Un comité Directivo, de cual forman parte todas las instituciones firmantes, se encargará de proporcionar directrices para promover el diseño y realización de programas y actividades dirigidas a promover el trabajo decente en el campo, definir conjuntamente con la OIT la selección de las zonas de intervención, de la población beneficiaria y de los enfoques adoptados, así como, entre otras tareas, procurar la consecución de los recursos financieros para la implementación del MdE, previa disponibilidad presupuestal, mediante la suscripción de convenios de cooperación.

Entre las tareas de la OIT están el brindar el acompañamiento, asesoría y apoyo técnico a las instituciones gubernamentales nacionales (ministerios e instituciones públicas adscritas), regionales y locales, así como las organizaciones de empleadores y trabajadores, organizaciones comunitarias y de la economía social y solidaria y otras organizaciones de la sociedad civil en temas relacionados con el objeto de este MdE.

Esto incluye la difusión de información y asesoramiento en materia de legislación, programas de formación y capacitación, identificación de necesidades, diseño, implementación, monitoreo y evaluación de proyectos e intervenciones en materia de desarrollo rural, metodología de trabajo e intercambio de buenas prácticas. Así mismo, asegurará la transferencia de competencias de sus metodologías y herramientas.

Además, la OIT implementará proyectos de cooperación técnica con fondos de las instituciones del Gobierno o de terceras partes, de acuerdo con la previa suscripción de convenios de cooperación específicos, en el marco del presente MdE.

En razón a que se cumplen los tres primeros meses de trabajo de la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria, la Comisión envió al Ministerio de Hacienda el primer informe de actividades que le permitirá conocer y hacer seguimiento a esta labor.

Así mismo hizo llegar un resumen de notas sobre los principales aspectos discutidos a lo largo de estas once primeras sesiones ordinarias de la Comisión. En éstas han tenido la oportunidad de analizar diferentes temas presentados por los miembros de la Comisión, el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN y expertos nacionales e internacionales.

Estos se han enfocado principalmente al diagnóstico general del sistema tributario del orden nacional y territorial. Así mismo, han dedicado tiempo a recibir, organizar y revisar los planteamientos de la ciudadanía, los cuales contribuyen de manera importante tanto al análisis como a la formulación de recomendaciones de la Comisión.

Vale recordar que la Comisión está integrada por: Ricardo Bonilla, Rosario Córdoba, Alfredo Lewin, Oscar Darío Morales, Soraya Montoya, Guillermo Perry, Julio Roberto Piza, Miguel Urrutia y Leonardo Villar.

Para conocer el informe de la Comisión, haga clic aquí.

El gobierno sancionó la Ley 1753 que establece el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, que se basa en los pilares de paz, equidad y educación, los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y la visión de planificación de largo plazo prevista por la Agenda de Desarrollo post 2015.

Educación
Dentro de las estrategias del Gobierno en el tema educativo, se encuentra la obligatoriedad de la educación media, para lo cual el Estado adelantará las acciones tendientes a asegurar la cobertura hasta el grado once en todos los establecimientos educativos.

Así mismo, la educación inicial es primordial para lograr los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, para ello el Gobierno Nacional reglamentará su implementación como servicio educativo obligatorio en el marco de la Atención Integral.

De igual manera, El Gobierno Nacional consolidará la implementación de la política de primera infancia y desarrollará una política nacional para la infancia y la adolescencia, en armonía con los avances técnicos y de gestión de la estrategia De Cero a Siempre, con énfasis en la población con amenaza o vulneración de derechos.

Los beneficiarios de créditos de Educación Superior que se encuentren registrados en el Sisbén, dentro de los puntos de corte establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, y que terminen su programa, sólo pagarán el capital prestado durante su periodo de estudios, más la inflación causada de acuerdo con los datos publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, correspondientes al periodo de amortización.

Infraestructura
El sector de la infraestructura será fortalecido a través de los denominados Proyectos de Interés Nacional Estratégicos (Pines), por medio de los cuales se harán más eficientes los trámites de aprobación de licencias ambientes y la compra de predios para la ejecución de proyectos viales de alto impacto regional y nacional.

El Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura (FONDES), será administrado por la Financiera de Desarrollo Nacional y/o la entidad que defina el Gobierno Nacional. El objeto de este fondo será la inversión y financiamiento de proyectos de infraestructura.

Crecimiento Verde

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible elaborará una política nacional de lucha contra la deforestación de bosques naturales, que contendrá un plan de acción dirigido a acabar la pérdida de bosques naturales para el año 2030. Esta política incluirá previsiones para vincular de manera sustantiva a los sectores que actúan como motores de deforestación, incluyendo las cadenas productivas que aprovechan el bosque y sus derivados.

La inversión del Gobierno Nacional Central (GNC) para las políticas y estrategias incluidas en el Plan nacional de Desarrollo ascenderá a $160,3 billones, acorde con la nueva realidad fiscal del país en medio del descenso en los precios internacionales del petróleo.

Esto representa una disminución de $17 billones en comparación con los montos aprobados en noviembre pasado por parte del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis).

En 2015 las apropiaciones para inversión ascenderán a $44,6 billones, en tanto para 2016 serán de $37,3 billones, para 2017 de $38,5 billones y para 2018 de $39,8 billones.

La visión de paz del Gobierno Nacional tiene tres prioridades: la finalización del conflicto; la garantía de los derechos; y el fortalecimiento de las instituciones desde un enfoque territorial.

Para conocer la Ley 1753 completa, haga clic aquí.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, emitió el Concepto 0512 del cinco de enero de 2015, mediante el cual se habla de la aplicación del Decreto 2548 del 12 de diciembre de 2014, que reglamentó el artículo 4 de la Ley 1314 de 2009, el artículo 165 de la Ley 1607 de 2012 y los artículos 773 y774 del Estatuto Tributario.

Este concepto se divide en dos partes, una general y otra especial. La parte general desarrolla algunas consideraciones relacionadas con la forma en la que se debe dar cumplimiento a la obligación de tener un regristro de diferencias entre las bases fiscales y los nuevos marcos técnicos normativos. En la parte especial se absuelven algunas inquietudes relacionadas con el régimen probatorio y sancionatorio, las bases fiscales, los valores patrimoniales, entre otros.

La DIAN indicó que espera que éste se constituya en un marco de referencia general al mismo tiempo tanto para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad como para la administración tributaria.

Para conocer el Concepto completo, haga clic aquí.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP, en calidad de organismo integrante del GLENIF, presentó el resumen de comentarios y conclusiones en Colombia sobre la propuesta del IASB de modificar la NIC 1 para aclarar que la clasificación de los pasivos como corrientes o no corrientes debe basarse en los derechos de la entidad al final del periodo de presentación.

Este resumen se remitirá al Glenif -Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera- para que lo consolide, discuta y envíe posteriormente la respectiva carta comentario al IASB con la opinión del grupo.

La posición del consejo, después de preguntar a los distintos grupos de interés y analizar los comentarios, es la modificar los párrafos 69d y 73 de la NIC 1 en los términos de la propuesta del IASB, Así mismo, indicó la necesidad de encontrar una definición para la palabra derecho que ayude a comprender los distintos contextos legales en que la norma será aplicada.

Para consultar el documento puede hacer click aquí.

A través del Decreto 1217 del 4 de junio de 2015, se promulgó el "Acuerdo Bilateral para la Promoción y Protección de Inversiones entre el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República de Colombia", suscrito en Bogotá, D.C. el 17 de marzo de 2010, Y el "Entendimiento sobre el Trato Justo y Equitativo en el Acuerdo Bilateral de Inversión entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República de Colombia", firmado por los jefes negociadores de ambas partes y anexada a las minutas de la última ronda de negociadores en Londres el 19 de mayo de 2009.

Para conocer el Decreto 1217 completo, haga clic aquí.

Mediante el Decreto 1215 del 4 de junio de 2015, la Cancillería promulgó el "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y la República de la India para Evitar la Doble Imposición y para Prevenir la Evasión Fiscal en Relación con el Impuesto sobre la Renta" y su "Protocolo", suscritos en Nueva Delhi el 13 de mayo de 2011.

Para conocer el Decreto 1215 completo, haga clic aquí.

Al fallar una acción de nulidad, la Sección Cuarta del Consejo de Estado indicó que las amnistías tributarias no pueden crear situaciones de desigualdad entre los destinatarios del beneficio que se encuentren en la misma situación de hecho.

Síntesis del caso: Mediante el Acuerdo 0013 de 2011, el Concejo Distrital de Barranquilla otorgó una exención de los impuestos predial unificado, contribución de valorización y delineación urbana para los predios ubicados en ciertas zonas de alto riesgo del Distrito, declaradas de calamidad pública, beneficio que extendió, con ocasión de la ola invernal ocurrida en el 2010, a la valorización autorizada por el Acuerdo 6 de 2004 y pendiente de pago al publicarse el Acuerdo 0013, así como al impuesto predial de la vigencia 2010, inclusive.

En el parágrafo 1 del artículo 6 el Acuerdo 0013 prohibió la devolución o compensación de tales tributos a quienes cumplieron con su pago. Se estudia la legalidad del parágrafo en mención.

Extracto: “El hecho objetivo al que responde el tratamiento preferencial otorgado por el parágrafo primero del artículo 6o del Acuerdo 0013 de 2011 a los deudores de impuesto predial y contribución de valorización de las vigencias 2010 y 2011, es igualmente predicable de quienes pagaron dichos gravámenes respecto de inmuebles ubicados en zonas de alto riesgo con declaratoria de calamidad pública.

Sin duda alguna, el pago efectivo de tales tributos no evitó ni contrarrestó los efectos dañinos sobre los predios de quienes pagaron; esos efectos, se insiste, fueron los determinantes de la política social que acompasó la exoneración del impuesto y la contribución señalados. Siendo ello así, considera la Sala que la denegación de devolución y/o compensación de los tributos pagados constituye una medida violatoria del principio de igualdad entre quienes pagaron los tributos señalados y quienes, a la fecha de publicación del Acuerdo 0013 de 2011 estaban pendientes de hacerlo.

Es así, porque unos y otros resultaron afectados por la misma situación de hecho que motivó la acción solidaria de la Administración Distrital, de manera que tales obligados, sin distingo alguno, merecen que se les mitigue el impacto causado por la calamidad pública en la que declararon las zonas donde se asentaban sus respectivas viviendas.

Un sistema tributario justo y equitativo no puede admitir el beneficio de quienes faltan a sus obligaciones tributarias, con el otorgamiento de un tratamiento preferencial, opuesto al gravamen que cobija a los contribuyentes cumplidores de las mismas obligaciones, estando en igual situación de hecho a la de los primeros, máxime cuando las situaciones consolidadas de los pagos operan individualmente en cada caso particular.

Además, la mera existencia del deudor moroso tampoco podría justificar aisladamente la exoneración contemplada en el parágrafo primero del artículo 6o del acuerdo referido, porque, según lo ha dicho la Corte Constitucional, ese simple presupuesto contravendría el orden constitucional.

Basta lo dicho para concluir que el aparte demandado se aparta de los parámetros de legalidad y que, por tanto, previa revocatoria de la sentencia apelada, debe accederse a la declaratoria de nulidad pedida, pero sólo respecto de la expresión “en ningún caso”, en orden a cambiar su sentido y dotar de efectos prácticos a la presente decisión judicial, en coherencia con los motivos que la asisten, de modo que las solicitudes de devolución y compensación de todos los afectados que hubieren pagado los tributos previstos en el artículo 6o del acuerdo demandado, también puedan ser examinadas y aceptarse o rechazarse dependiendo de si corresponden a situaciones jurídicas consolidadas [...]”.

Sentencia de 12 de marzo de 2015, Exp. 08001-23-31-000-2012-00116-01 (20309), M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. Acción de nulidad

El Ministerio del Trabajo a través de la Dirección de Riesgos Laborales, considerando que "No se puede bajar la guardia con el virus del Ébola", define lineamientos en materia de promoción y prevención en las empresas y que deben aplicar obligatoriamente ante eventuales casos de la enfermedad en el país.

Esta cartera expidió la Circular 019 del 28 de mayo de 2015, firmada por el Ministro Luis Eduardo Garzón, que imparte medidas preventivas y obligatorias para empleadores, contratantes, trabajadores dependientes e independientes del sector público y privado, así como a las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL).

La directora de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo, Andrea Torres Matiz, explicó: "Dentro de las acciones que debe implementar el empleador está el suministro de los elementos de protección personal definidos por las autoridades sanitarias para los trabajadores que pudiesen estar expuestos al riesgos de contraer la enfermedad ante eventuales casos que pudieran llegar al país".

Igualmente los trabajadores tendrán la responsabilidad de participar en las capacitaciones y entrenamientos que realice su empleador con la asesoría de la ARL sobre el uso adecuado, manipulación y eliminación de estos elementos, cuyo procedimiento es de vital importancia para no contraer la enfermedad.

Aunque el riesgo para Colombia es bajo, los empleadores de quienes tengan riesgo de contacto con el virus del Ébola, como es el caso de trabajadores de puntos de entrada al país, personal aeroportuario, de migración y quienes desarrollen actividades en instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), entre otros, deben asegurar que sus trabajadores estén informados sobre las generalidades y directrices impartidos por el Ministerio de Salud, como por ejemplo, la ciudad de procedencia y los síntomas de alerta (fiebre, debilidad, dolores musculares, de cabeza y garganta, seguido de vómitos, diarrea y erupciones cutáneas).

Los empleadores deben realizar un registro estadístico de los trabajadores que pudieran llegar a estar expuestos al virus. Dicha información deberá estar a disponibilidad para la autoridad de trabajo o sanitaria.

Igualmente, las IPS deben tomar decisiones sobre turnos, horarios y los trabajadores dependientes y/o contratistas que atenderían los posibles pacientes con el virus. Así mismo, determinar las áreas de aislamiento disponibles en las respectivas IPS para atender dichos pacientes, a fin de garantizar su manejo adecuado.

Otra de las acciones que deben realizar las empresas públicas y privadas en las cuales pueda existir riesgo de contacto con el virus, consiste en efectuar simulaciones o simulacros específicos para la atención de casos, y de manera especial, deberán participar en los organizados por la autoridad sanitaria de la jurisdicción.

"En una IPS en la que convergen varias ARL por lo que existen trabajadores de varias empresas, como personal médico, de seo, vigilancia, conductores, entre otros, la ARL que va a asumir la vocería y que coordinará a las demás para brindar la misma información y capacitación a los trabajadores, será la ARL a la cual esté afiliada la IPS", manifestó la directora de Riesgos Laborales.

Adicionalmente las ARL, deberán realizar las siguientes acciones:

• Divulgar los protocolos definidos por el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud.
• Al interior de las IPS se deben capacitar a los empleadores, trabajadores e integrantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo- COPASST sobre el manejo del riesgo por el virus del Ébola.
• Asesorar sobre el manejo adecuado de los elementos de protección personal en aquellos trabajadores que puedan estar involucrados con el contacto de personas sospechosas o confirmadas con el virus.
• Asesorar en el manejo del riesgo para no contraer la enfermedad antes un caso sospechoso.
• Asesorar sobre los protocolos de seguridad para empleados de áreas administrativas, admisiones, aseo, servicios generales, vigilancia de servicios asistenciales, incluidos los prestadores de servicio de transporte, asistencia básica y medicalizado.

Para conocer la Circular 019 del 28 de mayo de 2015 del Ministerio de Trabajo, haga clic aquí.